La inseguridad es uno de los males que actualmente más aquejan al país, lo ocurrido recientemente con los sacerdotes misioneros en la sierra Tarahumara, los conatos de violencia en Puebla, Michoacán, Oaxaca y otras entidades del país dan una muestra clara de la necesidad de revisar la estrategia de seguridad que hoy en día se implementa, aseguró el Dr. Emilio José Baños Ardavín, Rector de la UPAEP.
Durante su intervención en el espacio informativo del comunicador Fernando Canales, mencionó que es importante releer el planteamiento inicial del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, planteado por la actual administración del Gobierno Federal.
Citó el primer párrafo de este plan en donde se destaca que, “la seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público; el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas. Estas autoridades adquieren el compromiso de garantizar tres cosas fundamentales: la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. Para ello están dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. Cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas, y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado”.
Ante lo anterior, -dijo que-, como sociedad, hoy es momento de cuestionar qué pasa con este balance, en dónde quedó esa claridad en el planteamiento de este proyecto. Reconoció que se han podido notar ciertos avances, sin embargo, no se puede negar que, debido al sesgo o limitante a las fuerzas del orden, parece que se está cediendo el uso de la fuerza pública a otros actores que no son parte del Estado.
Reiteró que, el plan contempla tópicos polémicos necesarios de atender, ya que se planteaban procesos de construcción de paz; “muy al principio se plantearon esquemas de conciliación y de procesos de perdón; creo que si revisamos los procesos de pacificación en Colombia e Italia se puede notar que pasaron por estas negociaciones y espacios de reconciliación, que es un proceso muy difícil en el que deben intervenir las víctimas y debe existir la voluntad de cambio de vida por parte de los agresores”.
Agregó que, debe darse un debate entre expertos, actores y organizaciones; y se debe dar un avance en la construcción de la paz, atendiendo región por región.
Ante este contexto, el Rector UPAEP puntualizó que el papel de la sociedad debe ser el de generar un compromiso absoluto con los connacionales y los grupos más vulnerables, con las personas en situación de pobreza, con los marginados y migrantes.
“Dar prioridad a las mujeres y exigir su protección; en cuanto a los jóvenes, que son un público absolutamente vulnerable, prestar atención al aumento de consumo de drogas y su salud mental; de igual manera, atender a las víctimas de la inseguridad y violencia”, expresó.
Sumado a esto, la sociedad también tiene bajo su responsabilidad el poder transformar los códigos de convivencia y discusión, debe imperar una apertura a la comunicación y al diálogo; “la polarización que hoy se vive en el país no puede ser el juego que sigamos nosotros como sociedad, debemos tomar una posición distinta, porque esto está deteriorando la manera en que nos relacionamos, no estamos midiendo los efectos que tiene en nuestros esquemas de convivencia, pero desde ahí empezamos a generar violencia”.
