Por Rocío García Olmedo
Una nueva reforma constitucional se avecina. Tan solo su anuncio por parte de la presidenta Sheinbaum ha generado un debate derivado de que para muchos expertos y expertas en la materia es absolutamente innecesaria.
Se trata de una Iniciativa que pretende reformar los artículos 82, 112 y 122 de nuestra Carta Magna para impedir que mexicanos y mexicanas que tengan doble nacionalidad, si desean ser postulados a la Presidencia, a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México, deben renunciar a su otra nacionalidad antes de su registro, para quedar solo con la mexicana y que no tengan un posible conflicto de interés con una nación extranjera.
Para muchos, muchas, podría sonar interesante y hasta congruente, sin embargo, hay que recordar que en un contexto de gran discusión sobre patriotismo, soberanía, ciudadanía y lealtades, este debate quedó resuelto en México desde 1997 en el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo mediante una gran reforma a la Constitución y a las leyes secundarias que permitió la doble nacionalidad dando pauta a que millones de mexicanos y mexicanas ejerzan sus derechos plenos en otros países sin perder sus raíces mexicanas y que pudieron con ello también regularizar su situación jurídica, estudiar, obtener mejores empleos y que permitió que sus hijos e hijas nacidos fuera de México fueran reconocidos como mexicanos por nacimiento, con los derechos y obligaciones correspondientes, abriendo la puerta también al ejercicio de derechos políticos en ambos países, no solo para votar, también para ejercer cargos. El objetivo prioritario fue proteger a millones de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero.
Cuando en 1998 entra en vigor quedaron señaladas con claridad las restricciones para ocupar un cargo. Entraron en vigor también reformas a la Ley de Nacionalidad regulatorias de esos artículos constitucionales y todo lo concerniente a la doble nacionalidad.
De manera que desde 1997 quienes deseen ocupar puestos, deben presentar su renuncia expresa a la nacionalidad extranjera que ostenten, así como a cualquier protección, obediencia o lealtad hacia otro Estado.
Ahora bien, la presidenta en su Iniciativa acota esta restricción sólo para tres cargos, la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México. La Constitución alcanza la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, las gubernaturas, las Secretarías de Estado, la Suprema Corte, la Fiscalía general, determinados puestos militares de seguridad nacional, marítimos y aeronáuticos y otros vinculados también con la seguridad nacional, es decir, en lugar de ampliar la Iniciativa de la presidenta limita la salvaguarda de esta restricción que tenemos desde 1997.
La regulación constitucional está debidamente establecida en los artículos 32, 82, 116 y 122, en los cuales están debidamente protegidos en los cargos estratégicos, el interés nacional ante conflictos de interés, estableciendo como requisito de elegibilidad ser mexicano por nacimiento; incluso determinando: “Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.”
El artículo 82, dice que para ser presidente se requiere “Ser ciudadano mexicano por nacimiento (…)”; el artículo 116, señala “Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento (…) y el artículo 122, menciona el mismo requisito para la Jefatura de la ciudad de México.
Tal vez, por ello, sólo dudas y confusión ha generado la Iniciativa de la presidenta.
Como el título de una de las obras que escribió Octavio Paz “Tiempos Nublados” en México, sin duda.
